¿Se puede trabajar en lo público siendo liberal?

Cualquier liberal que trabaje para la administración pública se habrá enfrentado en algún momento a alguna variación del siguiente argumento para intentar rebatir sus ideas: “Sí, sí, tú muy liberal pero bien que llevas cobrando un sueldo público desde hace X años.” A todos los que hayáis usado la frase alguna vez o la hayáis sufrido, aquí van algunos argumentos para rebatirla:

1. La idea de que la clase social o el tipo de empleo determinan el pensamiento de cada uno está, de por sí, sesgada ideológicamente hacia la izquierda. Para un liberal no es contradictorio ser rico y de izquierdas o obrero y de derechas. Las preferencias ideológicas son personales y no están determinadas ni por el nivel de renta ni por el tipo de trabajo que se ejerza. Al igual que cobrar de una empresa privada no te hace liberal, cobrar de una administración pública tampoco te hace socialista.
2. Evitar el corporativismo no es malo, sobre todo si es el de los servidores públicos. El servicio público implica trabajar por el bien de los demás por encima del propio. Cualquiera que crea que la defensa de lo público implica, ante todo, la defensa de los intereses laborales de los trabajadores públicos olvida la esencia del servicio público.
3. Lo público no puede existir en ausencia de lo privado. Los recursos de los que se alimentan las administraciones son los impuestos que paga el sector privado. Defender lo público a expensas de lo privado significa dificultar la generación de la riqueza privada que sostiene lo público. Defender los intereses de los contribuyentes es defender los recursos de los que se alimentan las administraciones. O, dicho de otra manera, se defiende lo público, también, defendiendo lo privado.
4. En lo que se refiere a los políticos liberales en particular, se debe recordar que la labor política implica representar los intereses de todos. Un ministro o un consejero no están para defender, prioritariamente, los intereses de los trabajadores de su organismo. Están para defender los intereses de la sociedad en su conjunto. Esto implica adecuar el tamaño de las administraciones públicas a la capacidad real de los contribuyentes para pagarlas.
5. La administración pública tiene una tendencia natural a crecer. Las burocracias siempre creen que están faltas de recursos y que sus problemas se solventarían con más personal y más presupuesto. Si una dirección política no contiene esa tendencia expansiva, no sólo se acapararán cada vez más recursos económicos sino que se hará con métodos cada vez más burdos (el proyecto andaluz de limitar los movimientos bancarios de los enfermos terminales es buen ejemplo de ello).
6. Las administraciones públicas también tienen tendencia a querer supervisar y controlar la vida de sus ciudadanos. Una dirección política debe establecer los terrenos vedados a la injerencia pública en la vida de cada cual. El Estado garantiza un buen número de los derechos de todos, pero también puede ser su principal violador (por ejemplo, en el caso de los de la intimidad, la libertad de expresión, la iniciativa empresarial o la propiedad privada).

En resumen, sería malo que la condición indispensable para trabajar en la administración pública fuese defender exclusivamente los intereses de “lo público” porque convertiría a la administración en un monopolio ideológico, alimentaría un corporativismo público en perjuicio de los intereses globales de la sociedad y haría crecer el sector público hasta su colapso.