El gobierno italiano de Enrico Letta anunció ayer dos importantes reformas políticas: por un lado, la eliminación por decreto de la financiación pública de los partidos políticos y por otro la reforma de la ley electoral aprobada por Berlusconi en 2005 y conocida como la “cerdada”.
En el primer caso, se acelera la aplicación de la ley propuesta en junio pasado de tal forma que en 2014, los partidos políticos italianos recibirán un 40% menos de subvención pública. Esta subvención se continuará reduciendo de manera escalonada hasta que en 2017 los partidos ya no recibirán ninguna subvención. Italia se unirá así a otros países como Estados Unidos y Reino Unido en los que los partidos políticos se financian de manera voluntaria (en Alemania existen subvenciones públicas para los partidos, pero sus aportaciones privadas –es decir, voluntarias- deben, por ley, ser superiores a las públicas).
La segunda gran reforma italiana supone el cambio del sistema electoral vigente cuyas distintas “bonificaciones” en el Congreso y el Senado han agravado la ingobernabilidad del país haciendo que la izquierda pueda difícilmente alcanzar la mayoría en ambas Cámaras. No se ha especificado si se desbloquearán las listas electorales, pero habrá que estar atentos a los detalles de la reforma.
Sea por la reciente elección de un joven nuevo líder del centro-izquierdo italiano cuyo lema es “Al desguace” (en referencia a las antiguas formas de hacer las cosas y a los viejos líderes de su partido) o por el declive político de Berlusconi, lo cierto es que Italia está acometiendo unas muy profundas reformas políticas.
Mientras, en España, el Gobierno presentó ayer un paquete de medidas de regeneración democrática. Estas se centran en la financiación de los partidos políticos, las obligaciones de los altos cargos y la responsabilidad penal de los políticos.
Algunas de estas medidas son muy acertadas. Lo es, por ejemplo, la prohibición de la condonación de deudas de entidades financieras a partidos políticos y, también, la de la concesión de créditos con tipos de interés por debajo de los del mercado. También es acertado que los partidos deban publicitar todos sus ingresos (y esperemos que esto lleve a que todos también cuelguen sus estatutos en sus páginas-web) o el endurecimiento de las penas por prevaricación. Otras medidas creo que son equivocadas, en particular, la prohibición de las donaciones de empresas a partidos políticos como ya expliqué aquí.
Ahora bien, mi juicio global de las medidas es que se quedan cortas porque se limitan a retocar el sistema existente. El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas que afianza el actual sistema de partidos cuando podría haber revisado sus cimientos como está haciendo el Gobierno italiano.
Los partidos políticos en España se han burocratizado en exceso, en gran medida a causa de su financiación casi exclusivamente pública. Esto ha llevado a que su vida interna se rija por las reglas con las que se rige cualquier Ministerio o Consejería, es decir, jerarquía, concentración de poder en la cúpula y ascensos basados en la voluntad superior. La democracia interna de los partidos prevista en la Constitución Española (art. 6) ha caído víctima de esta lógica burocrática.
Una verdadera reforma regeneradora habría cumplido con el espíritu constituyente, por ejemplo, implantando elecciones primarias para elegir a la dirección y a los candidatos electorales del partido o limitando su financiación pública. Un aspecto clave de la corrupción en los partidos es la desmedida concentración de poder de la que disfrutan sus cúpulas. Si se limitase este poder a través de un mayor control interno ejercido por los militantes de base se podría conseguir el objetivo de luchar contra la corrupción con mayor eficacia.
En vez de ello, muchas de las reformas propuestas abundan en el modelo burocrático de los partidos haciéndolos más responsables ante el Tribunal de Cuentas (como si fuesen un órgano más de la Administración), reduciendo su financiación privada e imponiendo unos procedimientos de contratación similares a los públicos. La reforma pretende corregir los errores de un modelo definido por su carácter burocrático con más burocracia. Si la Administración estuviese libre de toda corrupción, estaría más justificado “burocratizar” a los partidos para combatirla. Pero, como bien han demostrado los casos de los ERE en Andalucía y tantos otros, la Administración también sufre la acción de los corruptos.
Una evidencia más de la lógica estatista que inspira los retoques planteados por el Gobierno es la siguiente explicación dada por la Vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su descripción de la regulación del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Vicepresidenta da a entender (en el minuto 15:00) que los delitos de terrorismo son, por su propia naturaleza, delitos cometidos contra las “instituciones y las administraciones públicas” y, “habida cuenta de que los altos cargos sirven a la(s) misma(s)”, los condenados por estos delitos que no hayan cancelado sus antecedentes penales no podrán ser nombrados altos cargos (esto afecta sólo al Gobierno de la Nación y no a las comunidades autónomas como la del País Vasco en la que un futuro Gobierno con altos cargos terroristas es una posibilidad cierta).
Dicha definición del terrorismo podría dar a entender que, por ejemplo, los viajeros de los trenes del 11-M o los clientes del Hipercor en Barcelona no fueron las verdaderas víctimas de los atentados sino que lo fue el Estado. Estoy seguro de que esto no es lo que quiso decir la Vicepresidenta, pero definir al terrorismo como un delito contra la Administración tiene una lógica como mínimo ambigua, si no peligrosa. Además, afirmar tajantemente que los altos cargos sirven a la administración oculta que también (o, más bien, prioritariamente) sirven a los ciudadanos. Servir al Estado español no debe ser confundido con servir a los españoles, siendo lo segundo, en mi opinión, la prioridad de la labor política.
De la misma manera que España no es sólo ni su Gobierno ni su Administración, un partido político no es sólo su cúpula. Una verdadera regeneración habría pasado por permitir que los cientos de miles de afiliados a partidos políticos tuvieran más voz y voto en las grandes decisiones de sus partidos.
P.D.: Desde su editorial sobre el Che Guevara, no había estado tan de acuerdo con un editorial de El País como con el que publica hoy día 15 de diciembre bajo el título de “Retoques en los Partidos”. De hecho, y empezando por su título, ¿no os parece que tiene muchas similitudes con mi post?
