El juego fue legalizado en España en marzo de 1977. El real decreto-ley que así lo hizo reconoció el fracaso “en la consecución de sus objetivos moralizadores” de los métodos de prohibición absoluta del juego. Admitió, también, una generalización del juego clandestino (algo que los EEUU ya habían experimentado con la Ley Seca). Por ello, despenalizó los juegos de azar y fijó las tasas tributarias que pagarían los casinos y bingos legalizados. La Transición consideró al juego como a una más de las actividades penalizadas por Franco que se debían regularizar.
Tomás Gómez lleva tiempo esforzándose por ser el heredero político de Zapatero en sus iniciativas, entre otras, para poner en cuestión la reconciliación entre españoles alcanzada durante la Transición. Esta misma semana, Gómez acusó a los abuelos de la gente del PP de quitar la infancia a millones de españoles. Su oposición a la instalación de Eurovegas en España supone otro ejemplo de ruptura de un acuerdo alcanzado en la Transición.
El PSM (contrariamente al PSC) siempre se opusó a la instalación de Eurovegas en Madrid, básicamente por razones morales. No estuvo sólo en este planteamiento; IU e UPyD criticaron el proyecto con similares argumentos (que han coincidido, curiosamente, con los utilizados por altos dignatarios de la Iglesia católica. Dado que las recomendaciones morales de la Iglesia tienen como destinatarios a sus fieles en su conciencia personal, no se deben equiparar los dos discursos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César).
En repetidas ocasiones, estos grupos políticos han tildado a Eurovegas de “fábrica de ludópatas” y de foco de atracción de prostitución, criminalidad y narcotráfico. Hablan de un “modelo de ludodesarrollo, tahúres y especuladores”, lo que les lleva a poner en cuestión la existencia misma del juego – pese a ser legal en España – por sus efectos moralmente reprobables en la conducta de las personas y, además, por su supuesta estimulación de conductas delictivas.
