El 14 de octubre del año pasado, el PP celebró una reunión de su comité ejecutivo (el órgano que reúne a la cincuentena de líderes de mayor peso en el partido). Escasos días antes, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, había propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que reconociese “un hecho diferencial de Cataluña”. Esta propuesta provocó el rechazo de otros dirigentes del PP. El presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dijo que pediría una “consulta ciudadana” si se aprobase una financiación a la carta para Cataluña.
El comité del 14 de octubre, pues, debía apaciguar los ánimos y reconducir la situación. En función de ello, Mariano Rajoy afirmó tajante que no habría ningún “cambio de cromos” con Cataluña. Más aún, afirmó que “antes de fin de año se publicarán las balanzas fiscales.”
Las balanzas fiscales son, a grandes rasgos, la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe cada comunidad autónoma para la financiación del Estado. Cierto es que los territorios no pagan impuestos sino que lo hacen los ciudadanos. Pero también es cierto que, por el hecho de residir en una comunidad autónoma y no en otra, los ciudadanos pagan impuestos distintos -contribuyendo de manera distinta a la solidaridad entre españoles- y, también, que los ciudadanos son los últimos responsables de la gestión de sus gobiernos autonómicos.
El compromiso de Rajoy de publicar las balanzas fiscales en 2013 satisfizo a un buen número de líderes del PP, entre ellos a Sánchez-Camacho, a Esperanza Aguirre (que lleva defendiendo su publicación desde 2004) a González y al Presidente de Baleares Bauzá (todos ellos de regiones que aportan más de lo que reciben del sistema). Otros líderes, como los de Castilla y León y Extremadura criticaron el anuncio arguyendo que crearía discordia entre comunidades. El ministro Montoro contestó a estas críticas diciendo que las “balanzas fiscales están hechas para dar transparencia”.
Tres meses más tarde, Montoro, tras no cumplir con el compromiso de publicar las balanzas, acaba de anunciar su supresión. Esta ha sido la principal novedad de su anunciada “réplica a la tesis del expolio” que supuestamente sufre Cataluña. El nuevo sistema se presentará en marzo y girará en torno al concepto de “cuentas públicas regionalizadas”.
A la espera de que se concrete el modelo, lo que parece trasladar este concepto es que las cuentas públicas serían únicas y que el nuevo enfoque simplemente localizaría sus ingresos y gastos. Creo que este anuncio es un error por varias razones.
Primero, porque supone un incumplimiento de la palabra dada por el Presidente del Gobierno sin ninguna explicación que lo justifique. ¿Qué ha pasado en estos tres meses para que ya no se deban publicar las balanzas fiscales?
Segundo, todo apunta a que el nuevo sistema facilitará la labor de mejorar las cuentas catalanas a costa de las de la Comunidad que más aporta y menos recibe en proporción: Madrid. La publicación de las balanzas fiscales habría puesto negro sobre blanco esta situación. Da la impresión de que el Gobierno prefiere no desmentir el mito del expolio catalán antes que admitir que la región que más esfuerzos solidarios hace es Madrid. El “ejercicio de transparencia” ha sido aparcado en aras de aumentar la presión fiscal sobre Madrid y disminuirla, en paralelo, sobre Cataluña.
Tercero, un enfoque del gasto público que incidiese en su carácter único iría en la dirección opuesta a la corresponsabilidad fiscal, es decir, al principio según el cual debe gestionar los recursos quien los ingresa. Vivimos en España la paradójica situación de que el Estado central recauda, pero las Comunidades Autónomas gastan. Esto genera un problema de irresponsabilidad fiscal autonómico porque las comunidades pueden achacar sus déficit no a sus excesivos gastos sino a las “injustas” transferencias que reciben de Madrid. Esto incentiva el victimismo y no la responsabilidad fiscal. Como ya he argumentado en el pasado, la reforma a impulsar sería la que fuerce a las comunidades autónomas a tener que pedirle el dinero con el que financiar sus servicios públicos a sus ciudadanos y no al Ministerio de Hacienda.
Veremos en qué queda la modificación anunciada ayer por Montoro, pero el hecho de que se haya anunciado en Barcelona y de que la primera reunión de la comisión de expertos que diseñe el nuevo modelo de cómputo se celebre en Gerona -para, como se ha dicho, “hacerle un guiño” a Cataluña- induce a pensar que el cambio de cromos es cuestión de tiempo.
26.01.2014 a las 15:14 Enlace Permanente
GRacias a estos dimes y diretes se lo pasa fenomenal el PSOE y otros similares, gracias también a estas idas y vueltas (unos dicen una cosa y otros otras) se perderán las elecciones y aunque el PP no lo hace bien los otros lo harán peor y los ciudadanos pagaremos las consecuencias como siempre. Hace falta cambiar la política actual, que entren personas sin sospechas de corrupción y con ideas actuales a los tiempos que vivimos. ¿Dónde están esos nuevos líderes? Estoy deseando que aparezcan, pero como soy muy crítica si empiezan con pactos con partidos ya “quemados”, que no cuenten con mi voto.